La carencia absoluta de cultura política.

SOBRE LA RECIENTE ASAMBLEA

La manera como tratas a las minorías políticas es el indicador preciso de la cultura democrática y de la propia cultura política. Esto es válido no sólo para un país, lo es inclusive para un sindicato.

Personas convalidadoras de actitudes autoritarias existen cuando no sólo se inclinan ante el poder sino que buscan ser favorecidos. Lo peor es cuando se inclinan ante poderes pequeños como es el caso de una respetada investigadora de la Dirección de Estudios de Arqueología, que sometiendo su prestigio académico de arqueóloga, se equivoca cuando defendiendo al Comité Ejecutivo de la delegación D-II-IA-1 falta a la verdad al afirmar que existen jurisprudencias legales que determinan que los dictámenes de un concurso de oposición abierto son inapelables e inatacables.

La Dra. Noemí Castillo Tejeda afirmó en más de tres ocasiones que no eran apelables los dictámenes y que había "jurisprudencias" al respecto. No queda duda que puede ser una excelente arqueóloga, pero su conocimiento de las leyes es tan escaso que por su propio manejo del término jurisprudencia, era notorio que era usado no sólo de manera dolosa. Su intención de avalar a toda costa las acciones del Comité Ejecutivo de la D-II-IA-1 le hicieron utilizar el término jurídico jurisprudencia de una manera totalmente inapropiada. La investidura se puede perder por no ser claros en las intenciones.

Ante esa situación el compañero Arturo Alonzo interpeló a Noemí Castillo en la Asamblea pidiéndole fechas o referencias para sostener su dicho. La interpelación, con el perdón de Rosa María Garza Marcué, de la DEAS, no es una falta de respeto, es la solicitud de una aclaración que es necesaria ante el tratamiento de un asunto en el que la palabra jurisprudencia pretende fundamentar una posición legal, cualquiera que esta sea.

¡Fechas! fue el grito de Arturo Alonzo, ¿cuáles son las fechas de dichas jurisprudencias? Faltaría decir ¿Qué tribunal las emitió para ser consideradas en cuanto tales?

Noemí Castillo esta obligada a probar que existe una jurisprudencia que impide la apelación de los concursantes por concurso abierto del INAH. Ante la reiterada insistencia de Arturo Alonzo sobre la fecha de la jurisprudencia, ella eludió diciendo que eso lo veríamos y lo arreglaríamos afuera. Jamás Noemí Castillo aclaró afuera su dicho.

Y es que su dicho es francamente absurdo. No entiende con toda probabilidad que las jurisprudencias son emitidas por tribunales o por la Superema Corte de Justicia de la Nación cuando se resuelven casos similares con criterios similares o en controversia, bien un órgano colegiado de jueces emite, como el caso de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de órganos colegiados del poder judicial en el que se sienta jurisprudencia.

Así que toda la distracción en la que colaboró Rosa María Garza y la propia Noemi Castillo refiriéndose absurdamente a que una aclaración es una falta de respeto, encubre la violación de los reglamentos por parte de un sector de trabajadores académicos del INAH. Ambas votaron por quitarle el derecho a un trabajador de apelar y que el organismo facultado por el artículo 7° del Reglamento de admisión, evaluación, promoción y de concursos de oposición, para el personal de investigación científica y docencia del INAH (RAEPCEO) pudiera, como son sus funciones dar una decisión resolutiva en torno al caso de un investigador que ganó la plaza en Zacatecas.

La Asamblea General de la D-II-IA-1 no esta facultada por ley a emitir resoluciones en torno a la admisión, pues para eso existen en el INAH la Comisión Mixta de Admisión, Evaluación y Promoción y sin embargo el pasado 8 de diciembre de 2010 en un hecho inédito se pronunció por "ratificar" un dictamen de jurados y con ello invalidar la resolución definitiva que emitió la Comisión Mixta, en el más puro estilo de confusa ilegalidad y arbitrariedad que impera entre estos grupos de investigadores del INAH.

No sólo eso, Rafael Sandoval Álvarez del Centro INAH Jalisco propuso la destitución de los representantes de la comisión, no sólo los sindicales, incluso los representantes nombrados por la institución, lo que también fue votado. El "delito" de la Comisión fue haber respetado en el caso de la apelación de un dictamen de la plaza a Concurso por Zacatecas, el artículo 7° del RAEPCEO que a la letra dice:

"El único órganismo con facultades de resolución definitiva en lo que se refiere a admisión, evaluación y promoción del personal de investigación científica y docencia del INAH es la Comisión Mixta de Admisión, Evaluación y Promoción, la cuál realizará sus funciones permanentemente por periodos bienales..."

Ante esto, la percepción es que si no se respetan las normas, los investigadores agremiados en la D-II-IA-1 deberán cada vez más acudir a instituciones de justicia para hacer respetar la ley. La Ley no se vota, las normas no se votan en Asamblea, SI ESO SUCEDE nos empujarán cada vez a ser menos agremiados y a tener que asumir que la única defensa no es la colectiva, sino la individual. Si suponemos que el sindicato esta para defender los derechos de los trabajadores, es claro que la resolución del 8 de diciembre pasado, es en realidad la quiebra moral del propio sindicato en cuanto tal. Podrá ser que Noemi Castillo sea una gran arqueóloga, eso lo dirán sus colegas, pero contribuye a confundir, desinformar y a utilizar su autoridad moral para evitar que las normas se cumplan.

Podrá una mesa, posecionada del micrófono, omitir las propuestas de las minorías, no someterlas a votación de la asamblea y encauzar sólo las suyas en el uso y el abuso del poder, si esos son los usos y costumbres que menciona Rosa María Garza, diferimos, la democracia no puede funcionar sin normas y sin una cultura de respeto a las mismas, la norma escrita esta por encima del uso y la costumbre, ese principio de jerarquía del derecho, es básico, y al parecer es ignorado por algunos compañeros del INAH. Sí en algo se faltó al respeto, es precisamente el respeto a la legalidad. Por lo que debemos pedir a estos compañeros ¡por favor!, mediten sobre el veneno que significa para nuestra organización convertir la legalidad en arbitrariedad ilegal y en capricho de grupúsculos.